Alejandro Peña se refirió a la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Sur por supuestas vulneraciones cometidas por religiosos, aclarando, además, que su estudio jurídico representa a la congregación y no a los imputados, como se ha mencionado erróneamente.
Tras la serie de incautaciones que esta semana llevó a cabo el Ministerio Público en el marco de la investigación penal por supuestos abusos sexuales cometidos por sacerdotes maristas, el abogado de dicha congregación, Alejandro Peña, reiteró este domingo el compromiso de sus representados con la indagatoria y su constante colaboración para el esclarecimiento de los hechos.
En entrevista con el diario La Tercera, el jurista afirmó que “la voluntad de la Congregación por colaborar y sobre todo por encontrar la verdad, no sólo ha quedado demostrada al poner estos antecedentes en conocimiento de la fiscalía, sino también habiendo iniciado una investigación interna, de acuerdo al derecho canónico e informado oportunamente y regularmente durante todos estos meses, a otras autoridades eclesiásticas y civiles de los pasos dados para buscar la verdad: ante el Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento a Víctimas, del Episcopado, ante la Defensoría Nacional de la Niñez, ante autoridades del Ministerio de Educación en Santiago y en las regiones donde hay colegios maristas, incluso ante la encargada de la comisión de escucha, instalada por monseñor Scicluna”.
En esta misma línea, Peña agregó que “las diligencias realizadas por el Ministerio Público en dependencias institucionales son necesarias e indispensables en la investigación de esta categoría de delitos”, mencionando que objetivo de la diligencia “era de corroboración y complementación de antecedentes ya presentados.
“Habiendo sido nosotros quienes denunciamos estos hechos hace un año, nos parece que estas indagaciones deberían aportar al pronto esclarecimiento de los hechos, para tranquilidad de las víctimas, de sus familias y también de las comunidades educativas maristas”, apuntó.
Asimismo, aclaró que “nuestra oficina de abogados (Peña, Fodich y Villalobos) representa a la Congregación Marista y no a los imputados, como a veces se ha indicado erróneamente”, mencionando que, desde la presentación de las primeras acciones legales, ha tenido una relación directa, proactiva y fluida de colaboración con la Fiscalía.
“Se ha presentado una treintena de denuncias a la fiscalía, acompañando el relato de las personas que manifiestan ser víctimas, independiente del año de ocurrencia. Y lo más importante, lo hemos hecho independientemente de la voluntad del afectado”, destacó.
También afirmó que “algunas de las víctimas no querían efectuar denuncia, pero de igual forma hemos noticiado esos relatos”, detallando que “se han presentado cinco autodenuncias; esto es, de miembros de la Congregación o laicos que, en conocimiento de ser sindicados, aunque sea de manera indirecta, concurren inmediatamente a la fiscalía solicitando se investigue y se esclarezcan los hechos”.
Y reiteró que “en todos los casos se ha actuado proactivamente. Incluso se han comunicado relatos y denuncias en contra de religiosos ya fallecidos”, añadiendo que “los imputados alcanzan a la veintena de personas, entre sacerdotes, religiosos, algunos fallecidos y laicos que se han autodenunciado”.
Con respecto a la pregunta de si otras personas de la congregación han participado en calidad de testigos, el abogado Alejandro Peña explicó que “institucionalmente no somos parte de esas querellas y por tanto no tenemos acceso a las carpetas investigativas”.
“Suponemos que en el marco de estas indagatorias habrán comparecido a declarar otras personas, pero no lo sabemos con certeza”, dijo, concluyendo que, en su calidad de comunidad de iglesia, la Congregación Marista ha mantenido informado regularmente a la Conferencia Episcopal y sus organismos competentes en esta materia.
Fuente: La Tercera