Junto a Alejandro Peña, el penalista está a cargo de la defensa de cinco carabineros, entre ellos capitanes y comandantes, en la investigación por el fraude de más de ocho mil millones de pesos al interior de la institución, que derivó en la detención de 15 funcionarios que estarían involucrados en el ilícito.
-¿Cuál es su línea de defensa? El fraude parece ser bastante evidente.
-Nuestros defendidos están todos en la misma situación: pertenecen a la última línea de la cadena, facilitaban las cuentas, pero devolvían el dinero para los autores del delito. A veces, sin dinero alguno, y otras veces, con ganancias de 10% que lograban con la devolución de impuestos. Esa figura es muy parecida a los boleteros de los casos Penta o SQM. El diputado “x” les pedía a su chofer o a su secretaria las boletas, y ganaban el 10% que les daban de vuelta en el SII. En esos casos, la secretaria está formalizada, pero no se fue presa. La mujer de un empresario involucrado en esos casos que menciono como ejemplo también está formalizada, pero los que se fueron presos son los maridos. A eso apuntamos nosotros: a demostrar que la responsabilidad de nuestros defendidos es distinta. Los que se enriquecieron son otras personas.
-Pero igual hay delito…
-Han cometido delitos, pero mucho menores. Tienen responsabilidad, pero a título de encubridor. Es como el reducidor de especies. No se mete a la casa a robar. La responsabilidad es menor por comprar cosas robadas que por encabezar un portonazo con balazos de por medio.
-El ex fiscal nacional, Sabas Chahuán, planteó que la PDI debiera hacerse parte de la investigación. ¿Qué opina al respecto?
-Está equivocado Chahuán. La misma policía suele ser la más estricta y más acuciosa a la hora de investigar dentro de sus filas porque los consideran traidores.
Fuente: Revista Capital