Funcionarios municipales y carabineros encadenaron el portón del establecimiento por no tener patente comercial, pero ignoraron que un trabajador permanecía adentro. El sujeto -que fue rescatado por la PDI- interpuso una querella para que la Fiscalía investigue los hechos.
El ciudadano chino que estuvo casi 17 horas encerrado en el clausurado local de juegos de azar en calle Roca decidió interponer una querella. Acusa ser víctima de vejámenes por parte de los funcionarios que participaron en el operativo y solicita que la Fiscalía investigue responsabilidades penales.
El tormento del querellante se inició con la clausura del local. En la madrugada del 18 de mayo, funcionarios de la Dirección de Seguridad del Municipio y carabineros cerraron el portón de acceso en calle Roca con candados y sellos de seguridad. El establecimiento –que mantenía 75 máquinas de azar en su interior– no contaba con su patente comercial.
Los efectivos olvidaron un detalle antes de encadenar la puerta: un trabajador aún se encontraba en el local.
Los efectivos olvidaron un detalle antes de encadenar la puerta: un trabajador aún se encontraba en el local.
‘De manera intempestiva y sin realizar una verificación previa del lugar para saber si se encontraban personas en su interior, (los funcionarios) procedieron a colocar los candados y sellos de seguridad, encontrándose en ese momento mi representado al interior del inmueble, quien debido a su nacionalidad y escaso dominio del idioma español cuenta con una gran dificultad de comunicación’, dice la acción patrocinada por el abogado José Antonio Villalobos.
Tras casi 17 horas encerrado, sus gritos de auxilio fueron escuchados por los vecinos. La Policía de Investigaciones (PDI) concurrió al lugar alrededor de las 22 horas y socorrió a la víctima.
La querella –que se dirige en contra de todos quienes resulten responsables– acusa que el ciudadano chino fue víctima de un delito de abuso contra particulares. La ley sanciona al ‘empleado público que, desempeñando un acto de servicio, cometiere cualquier vejación injusta contra las personas’.
La querella –que se dirige en contra de todos quienes resulten responsables– acusa que el ciudadano chino fue víctima de un delito de abuso contra particulares. La ley sanciona al ‘empleado público que, desempeñando un acto de servicio, cometiere cualquier vejación injusta contra las personas’.
Este lunes el Juzgado de Garantía envió los antecedentes de la acción criminal a la Fiscalía Local de Punta Arenas. La parte querellante solicita que se decrete una orden amplia de investigar a la PDI y que se cite a declarar a los funcionarios que participaron en la clausura del local.
Fuente: El Pinguino