Indagación que afecta al alcalde de Recoleta pasó a manos de un fiscal de alta complejidad.
‘¿La causa sigue en manos de la fiscal Giovanna Herrera? Si no pasa a un fiscal de alta complejidad es porque no hay antecedentes sólidos’, dice un abogado consultado para este artículo.
Desde la fiscalía Centro Norte informan que ahora el caso lo tiene el fiscal jefe de alta complejidad, Marcelo Carrasco.
Es una de las últimas novedades luego de que la abogada Ximena Risco Fuentes —exjefa de la División Jurídica de Interior en tiempos de Piñera y con un paso por el estudio Hermosilla Chadwick–, presentara el 6 de junio de 2022 una querella por el supuesto delito de cohecho, ya admitida a trámite. A pesar de que es ‘contra todos quienes resulten responsables’, tiene en la mira al alcalde de Recoleta y representante legal de las Farmacias Populares (Achifarp), Daniel Jadue (PC).
En el escrito argumenta que hay indicios de una estafa en perjuicio de la empresa Best Quality Spa, dedicada a la venta de mascarillas, guantes, termómetros y otros insumos médicos. Cita una declaración en fiscalía en la causa desformalizada por estafa, en que el comisionista de la compañía, César Ramírez, afirmó ante la fiscal Herrera que Jadue le pidió ‘bonificaciones o comisiones’ para concretar una venta de Best Quality. Según Ramírez, los hechos ocurrieron en julio de 2020, en uno de los peores momentos de la pandemia y —siempre según él— la prebenda consistió en bidones de alcohol gel, pecheras desechables, guantes y mascarillas avaluadas en $20 millones y entregadas en las oficinas del PC de Recoleta.
Además de anomalías en la rendición de cuentas, detectadas por la Contraloría, la fiscalía cuenta como prueba una conversación por WhatsApp entre el exsecretario ejecutivo de la Asociación de Farmacias Populares, Matías Muñoz, y el comisionista Ramírez: hablan de juntarse y Muñoz dice que ‘la donación es para Daniel Jadue’. Habría una georreferenciación telefónica del encuentro posterior.
Lo que dicen los abogados
Jadue ha reclamado inocencia y una persecución en su contra. Por ello, consultamos a ocho abogados con experiencia en casos políticos de alta connotación, para que evalúen qué tan riesgosa es esta investigación para el alcalde.
Todos advierten que no conocen los detalles y que dan una primera aproximación. Ven que la causa es de mediana y alta peligrosidad para el edil, sobre todo porque en 2018 la ley cambió y el delito de cohecho no requiere que la ‘coima’ se reciba, sino que basta que una autoridad pida o consienta en recibir algo indebido. El famoso WhatsApp reconocen que lo complica, pero coinciden en que lo que hay hasta ahora no basta para condenar.
De ser efectivo que hubo cohecho, creen que este caso podría ser más fácil de probar que otros en que la prebenda es en dinero en efectivo, pues un camión deja rastros y habría quienes entregaron y quienes recibieron mercadería, guías de despacho y otros medios de prueba.
¿Posibilidades para formalizar al edil? Las opiniones se dividen.
Para la penalista Catherine Lathrop, Jadue está en una zona de ‘alto riesgo’: ‘Tenemos un sujeto que presenta una acción por estafa, en que reclama haber sido contactado para vender sus insumos en la época de covid… productos por $1.000 millones, cuando el sistema de farmacias populares ya se sabía que no funcionaba y con Jadue como representante legal. El segundo hecho es entregar bienes a un partido que hacía campaña por Jadue y, por lo que se sabe, hay una acreditación por georreferenciación… Hay al menos hechos para fundar una formalización por estafa. En cohecho hay que acreditar, pero hemos visto formalizaciones con menos’.
Samuel Donosoconcuerda: ‘El cohecho normalmente tiene un problema de prueba. En este caso da la impresión de que la prueba es contundente. El testimonio es una y después como prueba debiera aparecer la entrega. Normalmente en las coimas suele usarse un pago en efectivo, que no deja huella. Hay una alta probabilidad de formalización… (porque) el delito de cohecho es de mera actividad, o sea, solo por hecho de pedir, ofrecer o aceptar la coima. Además, la empresa cayó en liquidación y eso permite investigar delitos concursables (ley de quiebras)’.
‘El cohecho no exige un enriquecimiento personal del empleado público —subraya Claudio Feller, en la línea de Donoso, aunque evita clasificar el riesgo— e incluso se configura aun cuando el funcionario haya obrado con fines de caridad u otro móvil noble. El bien jurídico que se protege es la probidad funcionaria y con ella la objetividad que debe inspirar el accionar de los funcionarios’.
Juan Carlos Manríquez sostiene que si bien ‘hay una imputación directa, con un testigo directo y otros testigos más en conocimiento y existen indicios que hacen razonable la investigación, el problema es el estándar probatorio, porque se obtiene alguna claridad desde pruebas indirectas (guía, faltantes de productos…). Los jueces podrían convencerse aún con pura prueba indiciaria, pero sin más elementos en contra el riesgo es bajo, si surgen, puede ser alto’.
Esa versión es compartida, con matices, por otros colegas. Para Felipe Polanco, ‘la descripción que se hace en los medios cuadra con el delito de cohecho, pero falta por ver si eso se justifica o no. Si se llega a justificar, efectivamente podrían establecerse responsabilidades penales’. Juan Pablo Hermosillacree que ‘es difícil opinar, pero el tema central será si algún funcionario solicitó el beneficio. Es un tema relativamente sencillo de investigar y será una cuestión sobre presupuestos fácticos del tema’.
Rodrigo Gonzálezapunta que si bien ‘el pantallazo del WhatsApp habla de una bonificación y puede aparecer complejo, debe contextualizarse en relación con qué estaban hablando. Le da un poco de apoyo al testimonio de la persona en la querella, pero yo no podría hacer una prognosis y para evaluar el riesgo de formalización debiera conocer la carpeta de investigación’.
Quien piensa que no hay suficiente material para formalizar, es Alejandro Peña. ‘Una imputación grave no puede sustentarse en la sola declaración de testigos, porque pueden ser manipulados; cobran relevancia y llegan a formar convicción en los jueces en la medida en que los testimonios sean corroborados por otras pruebas’. Advierte que deberán revisarse ‘mensajes telefónicos, correos, guías de despacho, vehículos utilizados, declaración de choferes, georreferenciación de sus teléfonos, libros contables y cámaras de seguridad. Si los testimonios se pueden corroborar por prueba indiciaria, Jadue está en riesgo cierto de ser formalizado y decretarse medidas cautelares, pero por lo que existe creo que es insuficiente para ello’.
Desde la fiscalía Centro Norte informan que ahora el caso lo tiene el fiscal jefe de alta complejidad, Marcelo Carrasco.
Es una de las últimas novedades luego de que la abogada Ximena Risco Fuentes —exjefa de la División Jurídica de Interior en tiempos de Piñera y con un paso por el estudio Hermosilla Chadwick–, presentara el 6 de junio de 2022 una querella por el supuesto delito de cohecho, ya admitida a trámite. A pesar de que es ‘contra todos quienes resulten responsables’, tiene en la mira al alcalde de Recoleta y representante legal de las Farmacias Populares (Achifarp), Daniel Jadue (PC).
En el escrito argumenta que hay indicios de una estafa en perjuicio de la empresa Best Quality Spa, dedicada a la venta de mascarillas, guantes, termómetros y otros insumos médicos. Cita una declaración en fiscalía en la causa desformalizada por estafa, en que el comisionista de la compañía, César Ramírez, afirmó ante la fiscal Herrera que Jadue le pidió ‘bonificaciones o comisiones’ para concretar una venta de Best Quality. Según Ramírez, los hechos ocurrieron en julio de 2020, en uno de los peores momentos de la pandemia y —siempre según él— la prebenda consistió en bidones de alcohol gel, pecheras desechables, guantes y mascarillas avaluadas en $20 millones y entregadas en las oficinas del PC de Recoleta.
Además de anomalías en la rendición de cuentas, detectadas por la Contraloría, la fiscalía cuenta como prueba una conversación por WhatsApp entre el exsecretario ejecutivo de la Asociación de Farmacias Populares, Matías Muñoz, y el comisionista Ramírez: hablan de juntarse y Muñoz dice que ‘la donación es para Daniel Jadue’. Habría una georreferenciación telefónica del encuentro posterior.
Lo que dicen los abogados
Jadue ha reclamado inocencia y una persecución en su contra. Por ello, consultamos a ocho abogados con experiencia en casos políticos de alta connotación, para que evalúen qué tan riesgosa es esta investigación para el alcalde.
Todos advierten que no conocen los detalles y que dan una primera aproximación. Ven que la causa es de mediana y alta peligrosidad para el edil, sobre todo porque en 2018 la ley cambió y el delito de cohecho no requiere que la ‘coima’ se reciba, sino que basta que una autoridad pida o consienta en recibir algo indebido. El famoso WhatsApp reconocen que lo complica, pero coinciden en que lo que hay hasta ahora no basta para condenar.
De ser efectivo que hubo cohecho, creen que este caso podría ser más fácil de probar que otros en que la prebenda es en dinero en efectivo, pues un camión deja rastros y habría quienes entregaron y quienes recibieron mercadería, guías de despacho y otros medios de prueba.
¿Posibilidades para formalizar al edil? Las opiniones se dividen.
Para la penalista Catherine Lathrop, Jadue está en una zona de ‘alto riesgo’: ‘Tenemos un sujeto que presenta una acción por estafa, en que reclama haber sido contactado para vender sus insumos en la época de covid… productos por $1.000 millones, cuando el sistema de farmacias populares ya se sabía que no funcionaba y con Jadue como representante legal. El segundo hecho es entregar bienes a un partido que hacía campaña por Jadue y, por lo que se sabe, hay una acreditación por georreferenciación… Hay al menos hechos para fundar una formalización por estafa. En cohecho hay que acreditar, pero hemos visto formalizaciones con menos’.
Samuel Donosoconcuerda: ‘El cohecho normalmente tiene un problema de prueba. En este caso da la impresión de que la prueba es contundente. El testimonio es una y después como prueba debiera aparecer la entrega. Normalmente en las coimas suele usarse un pago en efectivo, que no deja huella. Hay una alta probabilidad de formalización… (porque) el delito de cohecho es de mera actividad, o sea, solo por hecho de pedir, ofrecer o aceptar la coima. Además, la empresa cayó en liquidación y eso permite investigar delitos concursables (ley de quiebras)’.
‘El cohecho no exige un enriquecimiento personal del empleado público —subraya Claudio Feller, en la línea de Donoso, aunque evita clasificar el riesgo— e incluso se configura aun cuando el funcionario haya obrado con fines de caridad u otro móvil noble. El bien jurídico que se protege es la probidad funcionaria y con ella la objetividad que debe inspirar el accionar de los funcionarios’.
Juan Carlos Manríquez sostiene que si bien ‘hay una imputación directa, con un testigo directo y otros testigos más en conocimiento y existen indicios que hacen razonable la investigación, el problema es el estándar probatorio, porque se obtiene alguna claridad desde pruebas indirectas (guía, faltantes de productos…). Los jueces podrían convencerse aún con pura prueba indiciaria, pero sin más elementos en contra el riesgo es bajo, si surgen, puede ser alto’.
Esa versión es compartida, con matices, por otros colegas. Para Felipe Polanco, ‘la descripción que se hace en los medios cuadra con el delito de cohecho, pero falta por ver si eso se justifica o no. Si se llega a justificar, efectivamente podrían establecerse responsabilidades penales’. Juan Pablo Hermosillacree que ‘es difícil opinar, pero el tema central será si algún funcionario solicitó el beneficio. Es un tema relativamente sencillo de investigar y será una cuestión sobre presupuestos fácticos del tema’.
Rodrigo Gonzálezapunta que si bien ‘el pantallazo del WhatsApp habla de una bonificación y puede aparecer complejo, debe contextualizarse en relación con qué estaban hablando. Le da un poco de apoyo al testimonio de la persona en la querella, pero yo no podría hacer una prognosis y para evaluar el riesgo de formalización debiera conocer la carpeta de investigación’.
Quien piensa que no hay suficiente material para formalizar, es Alejandro Peña. ‘Una imputación grave no puede sustentarse en la sola declaración de testigos, porque pueden ser manipulados; cobran relevancia y llegan a formar convicción en los jueces en la medida en que los testimonios sean corroborados por otras pruebas’. Advierte que deberán revisarse ‘mensajes telefónicos, correos, guías de despacho, vehículos utilizados, declaración de choferes, georreferenciación de sus teléfonos, libros contables y cámaras de seguridad. Si los testimonios se pueden corroborar por prueba indiciaria, Jadue está en riesgo cierto de ser formalizado y decretarse medidas cautelares, pero por lo que existe creo que es insuficiente para ello’.
Fuente La Segunda