Los abogados defensores Alejandro Peña y Vinko Fodich presentaron una recusación en el primer día del juicio oral. Ahora, corresponderá a la Corte de San Miguel resolver la petición.
Para este lunes estaba fijado el inicio del juicio oral contra de la patrulla del GOPE integrada por el actual jefe del Gope de Carabineros de La Araucanía, coronel Jean Pierre Hirsh y por otros 4 funcionarios de carabineros en servicio activo por las lesiones que sufrió una persona que evitó un control militar en plena hora de toque de queda, el pasado 21 de octubre de 2019, en el marco del estallido social.
Los hechos imputados por la fiscalía dan cuenta de que el hombre -quien padece sordera- fue chocado por un vehículo blindado del Gope, en momentos en que este transitaba en las inmediaciones de la Comisaría de Padre Hurtado, la que estaba siendo atacada por manifestantes.
Sin embargo, el inicio de juicio se paralizó por una presentación que realizaron los abogados defensores Alejandro Peña y Vinko Fodich ante la Corte de Apelaciones de San Miguel. Se trató, en concreto, una recusación contra la jueza Javiera López Ossandón, quien iba a integrar el grupo de magistrados del juicio.
Investigación a patrulla del Gope
De acuerdo al documento, “la magistrado suplente LOPEZ OSSANDÓN se desempeñó como fiscal regional del ministerio público en la Región de Arica y Parinacota”. Así, añaden que “en esa causa la señora LOPEZ actuando como fiscal formalizó al Jefe del OS7 de Arica y a otros oficiales y funcionarios de Carabineros de Chile, a todos se les imputaban delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como Carabineros, entre ellos estaban VÍCTOR RODRÍGUEZ HUERTA que era el Mayor de Carabineros y don LEONERDO VILCHES SEPÚLVEDA a la fecha Capitán de Carabineros, de los cuales estos comparecientes fuimos sus abogados defensores”.
El juicio duró 4 meses y, finalmente, todos los imputados fueron absueltos y se condenó en costas a la fiscalía. “El tribunal en su sentencia declara en el motivo quincuagésimo primero que la investigación llevada a cabo por la entonces fiscal LOPEZ OSSANDÓN, fue una torcida investigación y condenó en costas reguladas en primera instancia en una suma cercana a los 500 millones de pesos y luego rebajada a la mitad por la ILTMA CORTE DE ARICA”, se lee en el recurso de los abogados.
También indican que la misma abogada, cuando era fiscal, presentó una denuncia contra Alejandro Peña por una supuesta violación de secreto, al indicar este en sus argumentos de clausura que uno de los testigos de la fiscalía estaba rebelde por una orden de detención vigente por otra causa.