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Suprema ordena formalizar por estafa a empresario maulino socio de inmobiliaria Independencia

El máximo tribunal acogió un recurso de queja contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca que confirmó el sobreseimiento de Fernando Leiva Salinas. Ahora, los ex fiscales Carlos Gajardo y José Antonio Villalobos, se reencontrarán en audiencia el próximo 3 de enero, pero ahora como defensor y querellante, respectivamente.

El Ministerio Público formalizará por los delitos de estafa y suscripción de documento por engaño, al empresario maulino Fernando Leiva Salinas, socio de la Inmobiliaria Independencia, firma que durante 25 años ha participado en la construcción de cerca de 45.000 casas en las comunas de Talca, Curicó, Teno, San Rafael, Río Claro, Linares, Parral, San Javier, Villa Alegre, Colbún, Yerbas Buenas y Longaví.

Ello, luego que la Corte Suprema acogiera un recurso de queja interpuesto por el querellante, Patricio Correa Vergara, y dejara sin efecto la resolución del tribunal de alzada de Talca, que el 11 de julio de este año confirmó el fallo de primera instancia que dictó el sobreseimiento definitivo de Leiva.

De esta manera, la causa contra el empresario –quien es defendido por el abogado y ex fiscal Carlos Gajardo- seguirá vigente y ahora la fiscalía le imputará los cargos de estafa y suscripción de documento por engaño, en una audiencia programada para el próximo 3 de enero ante el Juzgado de Garantía de San Javier.

Al respecto, el abogado querellante, José Antonio Villalobos –quien junto a Vinko Fodich y Alejandro Peña representan a la víctima- explicó que la resolución de la Corte Suprema respalda sus argumentos respecto a que se cometieron abusos y faltas, además de una errónea aplicación de la ley procesal, pues al sobreseer la causa, la Corte de Apelaciones de Talca “diluyó la necesidad de justicia de nuestro representado y su madre”.

Los hechos

De acuerdo a los antecedentes detallados en la querella presentada en octubre de 2017, los hechos se remontan a fines del año 2012 cuando el querellante, Patricio Correa, decidió adquirir una vivienda para su madre, quien perdió su casa en el terremoto del 27/F.

En este escenario, Leiva salinas ofreció a Correa venderte uno de los 10 lotes en venta, con una vivienda incluida, ubicada en la comuna de San Javier.

La casa le fue entregada en marzo de 2013, pero dos años después, su madre fue desalojada por orden judicial ya que el inmueble estaba en juicio civil el cual perdió el imputado, situación que nunca fue informada por Leiva a sus compradores e incluso, realizó maniobras fraudulentas para que ello no fuera percibido, realizando –de esta manera- la venta con engaño.

Debido a lo anterior es que la víctima debió arrendar una casa para su madre mientras –paralelamente- seguía pagando el crédito hipotecario del inmueble en cuestión, costos que hasta el día hoy, han sido avaluados por sobre los $100 millones de pesos, según se acusa en la querella.