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[Pulso] Estudio Peña Fodich Villalobos presentó nueva área de Delitos Económicos y Alta Complejidad

En 2001, los delitos económicos no alcanzaban el 7% de los casos ingresados al Ministerio Público. Pero hoy esa cifra ya está en torno al 20% y, además, estos han aumentado susofisticación y complejidad.

Por ello, los estudios de abogados están tendiendo a contar con equipos multidisciplinarios capaces de enfrentar este tipo de casos. Con esta premisa, el estudio Peña Fodich Villalobos – de los ex fiscales Alejandro Peña, Vinko Fodich y José Antonio Villalobos- creó el departamento de Delitos Económicos y Alta Complejidad, unidad que a partir del 2 de enero se encargará de llevar los casos que ingresen al estudio en materia de corrupción, estafas, entre otros, en el marco de la nueva Ley Anticorrupción (21.121), la que tipifica cuatro nuevos delitos entre privados.

Además de contar con abogados especializados en el área, esta unidad operará en alianza con el ex jefe nacional de Delitos Económicos de la PDI, Mauricio Briones, quien estará a cargo de la realización de los peritajes contables y metaperitajes.

“Estamos viendo que las empresas que antes sólo tenían un abogado comercial o civilista, cada vez más necesitan un abogado penalista para prevenir la comisión de delitos, ya sea los tradicionales o las nuevas figuras delictivas de corrupción entre privados, administración desleal o los delitos tributarios, que han tomado mucho auge”, señaló Vinko Fodich, quien junto a José Antonio Villalobos liderarán el nuevo departamento.

Fodich explicó que las pericias privadas permiten generar una disminución significativa en los tiempos de tramitación de una causa, ya que una pericia en algún laboratorio de las polícías puede demorar cerca de seis meses, mientras que una privada toma un par de semanas, así como una orden de investigar a la Bridec que puede demorar seis a ocho meses, versus una investigación por un perito privado que puede tomar 30 días.

Sobre los alcances de la nueva ley, Fodich agregó que las empresas que se relacionen con organismos públicos, municipios, entre otros, están más expuestas a comentar alguno de los delitos que hoy se sancionan.