El ex fiscal Alejandro Peña dijo que no hay justificación para que los parlamentarios presenten la acusación por la libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Diputados de oposición decidieron presentar una acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Antonio Valderrama, por la decisión de dar el beneficio de la libertad condicional a siete condenados por crímenes contra los Derechos Humanos. El exfiscal regional metropolitano sur, Alejandro Peña, sostuvo que este hecho podría sentar un pésimo precedente pues pone en peligro la independencia de los poderes del Estado.
«Lo grave es que un poder del Estado pretende inmiscuirse en las actividades privativas de otro poder del Estado. La facultad de conocer, resolver y ejecutar los juzgados pertenece exclusivamente a los tribunales de justicia. Incluso la Constitución ordena que ni el Presidente de la República ni el Congreso Nacional pueden ejercer funciones judiciales y revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones», dijo en Primera Pauta.
Para el abogado, lo que pretenden los parlamentarios de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio -con excepción de la DC- es asumir funciones jurisdiccionales ante la disconformidad con el fallo. «Eso como antecedente es muy grave para un Estado de Derecho. No puede prosperar esta acusación constitucional porque sería, en sí misma, inconstitucional. No pueden los diputados revisar las resoluciones dictadas por el Poder Judicial», agregó.
Además, Peña aclaró que ninguno de los tratados internacionales a los que ha adscrito Chile restringe que en los crímenes de lesa humanidad los condenados puedan acceder al otorgamiento de beneficios carcelarios: «Desde el ámbito de los estatutos internacionales no tenemos ninguna fuente que justifique al Estado de Chile para discriminar en este tipo de delitos».
El exfiscal hizo un llamado a los diputados a actuar en base a lo que la ley les confiere, modificando las leyes en el Congreso. «La Corte Suprema está aplicando la ley vigente. Si queremos cambiar la ley, que sean los mismos parlamentarios que están acusando a la Corte Suprema que sean los encargados de reformar esta ley», añadió.